El derecho de admisión fue la oportuna y necesaria medida que llegó al fútbol salteño, no solo como un método de descompresión ante el reclamo generalizado. El mismo comienza a aplicarse cuando la situación no daba para más, era insostenible y los antecedentes disparaban tristes alarmas que terminaron de convencer a los que componen la seguridad de que así no se podía seguir (los enfrentamientos de la barra de Juventud en el marco del torneo de los barrios o la golpiza que casi le costó la vida a un hincha salteño en Formosa, a fines del año pasado).
La medida de la cartera provincial de identificar a los violentos seguramente neutralizará o reducirá los focos de conflicto en las canchas. A buena hora. Pero no dejará de funcionar como un parche, una sutura eventual y superficial para curar una vieja herida que merece soluciones profundas y de fondo, como ser la erradicación radical de todos los nexos de connivencia de los barras del fútbol con los estratos de poder, aquellos que los alimentan e indirectamente los legitiman. Un mal que, lógicamente, no le cabe solo al fútbol salteño; por el contrario, es un cáncer mundial de largo arraigo y convierte en utopías todos los intentos por acabar con los violentos en las canchas.
Por su parte, los dirigentes salteños, además de quedar expuestos a las presiones de los barrabravas, son engañados con frecuencia y terminan resultando vanos los intentos, las constantes reuniones, las promesas en los medios de comunicación y los llamados a la reflexión por la paz para con gente que vuelve a incurrir en el vandalismo y que parece no entender el lenguaje de la racionalidad y no importarle las consecuencias económicas y deportivas para los clubes que dicen amar. Solo prevalece el valor de las contiendas de guapos, las pujas por entradas y los intereses particulares.

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